La Fiscalía de La Araucanía ha presentado una solicitud ante la Corte de Apelaciones para el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (IND), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un fraude millonario que habría afectado al Gobierno Regional de La Araucanía. La investigación, conocida como el Caso Convenios, indaga el desvío de más de $730 millones a través de las fundaciones Folab y Educc. Según la fiscalía, Ojeda estaría implicado en el delito de fraude al fisco en reiteradas ocasiones. De ser aceptada la solicitud, Ojeda podría enfrentar cargos penales y medidas cautelares, incluida la prisión preventiva. Además, perdería sus funciones como parlamentario, lo que incluye la imposibilidad de ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados y participar en las comisiones legislativas. La investigación también apunta a que Ojeda habría pactado ganancias con los directores de las fundaciones involucradas en los convenios suscritos. Además, se ha mencionado la presunta destrucción de su celular cuando se le solicitó como parte de la indagación. El diputado ha negado públicamente las acusaciones en su contra, calificándolas como mentiras e injurias. Sin embargo, su relación con la bancada del Partido Republicano ha sido objeto de controversia, especialmente tras su automarginación y posterior renuncia luego de ser culpado por la elección de la mesa directiva de la Corporación. Este caso continúa en desarrollo, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del diputado Ojeda en el fraude del Gobierno Regional de La Araucanía.
En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar. La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos. Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones. En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios. Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias. El Fiscal Regional de #Antofagasta, Juan Castro Bekios, se refirió a las últimas diligencias practicadas en Santiago, en la arista Democracia Viva del #CasoConvenios. pic.twitter.com/2FkLykoD1q — Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) April 19, 2024
El sábado 6 de abril la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi del Mivu, Carlos Contreras, esta vez por la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios . El Ministerio Público le imputa cuatro delitos de fraude al fisco, por hechos ocurridos durante el 2022 en el marco de los convenios suscritos entre la cartera que dirigía y la fundación. En fallo dividido (causa rol 759-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Dinko Franulic Cetinic y Jaime Rojas Mundaca – confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. “(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”, sostiene el fallo. La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”. Según el ente persecutor, el imputado Carlos Contreras Gutiérrez, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por la coimputada Kelly Betancourt Acosta, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta. Convenios suscritos en septiembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $456.000.000.
Este jueves a las 12:00 horas comenzó la audiencia de formalización de Kelly Betancourt, directora de la fundación TomArte, por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en esta arista del Caso Convenios en Antofagasta. Ya entrada la tarde, el Tribunal de Garantía decidió dejar a la imputada en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. El Tribunal fijó en 75 días el plazo de investigación, periodo durante el cual la imputada deberá cumplir la máxima medida cautelar en la Cárcel de Mujeres debido a los delitos por los cuales arriesgaría hasta 15 años de cárcel. Según los antecedentes, la investigación se basa en cuatro convenios suscritos con el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, para obras de habitabilidad primaria en campamentos con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios. Según el fiscal Cristian Aguilar, Contreras habría intervenido de manera indebida antes de la suscripción de los convenios, instruyendo que invitara esta fundación para que se le incorporara a la nómina de organizaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos. No obstante, TomArte no cumplía con los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, provocando al fisco un perjuicio de $526 millones de pesos. Cabe recordar, que el exseremi Contreras quedó nuevamente en prisión preventiva durante la formalización de esta arista. AHORA I Directora de la Fundación TomArte, Kelly Betancourt será formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en la arista del Caso Convenios en #Antofagasta. Audiencia de formalización comenzó a las 12:00 horas en el Juzgado de Garantía. 📹Daniel Gatica pic.twitter.com/5GM4Nk6jqq — Antofagasta TV (@AntofagastaTV) April 4, 2024
El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició acciones legales contra 23 diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que lo vincularan con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso. La demanda, presentada por el abogado Miguel Schürmann y respaldada por Jackson, se centra en una carta enviada por los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, en la cual expresaban sospecha, estupor e incluso desconfianza sobre la presunta implicación de Jackson en los mencionados eventos. En el documento legal, se argumenta que estas acusaciones infundadas han dañado la honra y la reputación del exministro, afectando su credibilidad y honestidad. Se destaca que estas afirmaciones fueron difundidas a través de medios de comunicación, generando un impacto negativo en la imagen pública de Jackson. La demanda también hace referencia a una publicación en la página de Instagram de los diputados de la UDI, en la que se vinculaba a Jackson como autor intelectual del caso Convenios. Estas acciones, según la demanda, constituyen un ilícito civil que ha causado daños significativos al exministro. Entre las medidas solicitadas por Jackson se encuentran disculpas públicas por parte de los demandados y una indemnización por los daños sufridos. La demanda no busca compensación por daños patrimoniales relacionados con la salida de Jackson del Mideso, sino que se enfoca en reparar el daño a su honra y reputación. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Giorgio Jackson toma acciones legales por difamación. En enero pasado, presentó demandas similares contra la UDI, el senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, por las mismas acusaciones. Los diputados demandados en esta ocasión son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León, Sergio Bobadilla Muñoz, Marta Bravo Salinas, Juan Coloma Álamos, Felipe Donoso Castro, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Christian Moreira Barros, Marco Sulantay Olivares, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Cristóbal Martínez Ramírez, Marlene Pérez Cartes, Natalia Romero Talguia, Renzo Trisotti Martínez y Flor Weisse Novoa.
La Fiscalía de La Araucanía ha presentado una solicitud ante la Corte de Apelaciones para el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (IND), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un fraude millonario que habría afectado al Gobierno Regional de La Araucanía. La investigación, conocida como el Caso Convenios, indaga el desvío de más de $730 millones a través de las fundaciones Folab y Educc. Según la fiscalía, Ojeda estaría implicado en el delito de fraude al fisco en reiteradas ocasiones. De ser aceptada la solicitud, Ojeda podría enfrentar cargos penales y medidas cautelares, incluida la prisión preventiva. Además, perdería sus funciones como parlamentario, lo que incluye la imposibilidad de ingresar a la Sala de la Cámara de Diputados y participar en las comisiones legislativas. La investigación también apunta a que Ojeda habría pactado ganancias con los directores de las fundaciones involucradas en los convenios suscritos. Además, se ha mencionado la presunta destrucción de su celular cuando se le solicitó como parte de la indagación. El diputado ha negado públicamente las acusaciones en su contra, calificándolas como mentiras e injurias. Sin embargo, su relación con la bancada del Partido Republicano ha sido objeto de controversia, especialmente tras su automarginación y posterior renuncia luego de ser culpado por la elección de la mesa directiva de la Corporación. Este caso continúa en desarrollo, con la Fiscalía trabajando para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad del diputado Ojeda en el fraude del Gobierno Regional de La Araucanía.
En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar. La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos. Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones. En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios. Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias. El Fiscal Regional de #Antofagasta, Juan Castro Bekios, se refirió a las últimas diligencias practicadas en Santiago, en la arista Democracia Viva del #CasoConvenios. pic.twitter.com/2FkLykoD1q — Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) April 19, 2024
El sábado 6 de abril la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi del Mivu, Carlos Contreras, esta vez por la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios . El Ministerio Público le imputa cuatro delitos de fraude al fisco, por hechos ocurridos durante el 2022 en el marco de los convenios suscritos entre la cartera que dirigía y la fundación. En fallo dividido (causa rol 759-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Dinko Franulic Cetinic y Jaime Rojas Mundaca – confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. “(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”, sostiene el fallo. La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”. Según el ente persecutor, el imputado Carlos Contreras Gutiérrez, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por la coimputada Kelly Betancourt Acosta, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta. Convenios suscritos en septiembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $456.000.000.
Este jueves a las 12:00 horas comenzó la audiencia de formalización de Kelly Betancourt, directora de la fundación TomArte, por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en esta arista del Caso Convenios en Antofagasta. Ya entrada la tarde, el Tribunal de Garantía decidió dejar a la imputada en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. El Tribunal fijó en 75 días el plazo de investigación, periodo durante el cual la imputada deberá cumplir la máxima medida cautelar en la Cárcel de Mujeres debido a los delitos por los cuales arriesgaría hasta 15 años de cárcel. Según los antecedentes, la investigación se basa en cuatro convenios suscritos con el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, para obras de habitabilidad primaria en campamentos con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios. Según el fiscal Cristian Aguilar, Contreras habría intervenido de manera indebida antes de la suscripción de los convenios, instruyendo que invitara esta fundación para que se le incorporara a la nómina de organizaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos. No obstante, TomArte no cumplía con los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, provocando al fisco un perjuicio de $526 millones de pesos. Cabe recordar, que el exseremi Contreras quedó nuevamente en prisión preventiva durante la formalización de esta arista. AHORA I Directora de la Fundación TomArte, Kelly Betancourt será formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco y lavado de activos en la arista del Caso Convenios en #Antofagasta. Audiencia de formalización comenzó a las 12:00 horas en el Juzgado de Garantía. 📹Daniel Gatica pic.twitter.com/5GM4Nk6jqq — Antofagasta TV (@AntofagastaTV) April 4, 2024
El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, inició acciones legales contra 23 diputados del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de que lo vincularan con el caso Convenios y el robo de computadores en el Mideso. La demanda, presentada por el abogado Miguel Schürmann y respaldada por Jackson, se centra en una carta enviada por los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, en la cual expresaban sospecha, estupor e incluso desconfianza sobre la presunta implicación de Jackson en los mencionados eventos. En el documento legal, se argumenta que estas acusaciones infundadas han dañado la honra y la reputación del exministro, afectando su credibilidad y honestidad. Se destaca que estas afirmaciones fueron difundidas a través de medios de comunicación, generando un impacto negativo en la imagen pública de Jackson. La demanda también hace referencia a una publicación en la página de Instagram de los diputados de la UDI, en la que se vinculaba a Jackson como autor intelectual del caso Convenios. Estas acciones, según la demanda, constituyen un ilícito civil que ha causado daños significativos al exministro. Entre las medidas solicitadas por Jackson se encuentran disculpas públicas por parte de los demandados y una indemnización por los daños sufridos. La demanda no busca compensación por daños patrimoniales relacionados con la salida de Jackson del Mideso, sino que se enfoca en reparar el daño a su honra y reputación. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Giorgio Jackson toma acciones legales por difamación. En enero pasado, presentó demandas similares contra la UDI, el senador socialista Fidel Espinoza y el empresario Jorge Errázuriz, por las mismas acusaciones. Los diputados demandados en esta ocasión son: Guillermo Ramírez Diez, Jorge Alessandri Vergara, Gustavo Benavente Vergara, Fernando Bórquez Montecinos, Álvaro Carter Fernández, Eduardo Cornejo Lagos, Juan Fuenzalida Cobo, Joaquín Lavín León, Sergio Bobadilla Muñoz, Marta Bravo Salinas, Juan Coloma Álamos, Felipe Donoso Castro, Cristián Labbé Martínez, Henry Leal Bizama, Daniel Lilayu Vivanco, Christian Moreira Barros, Marco Sulantay Olivares, Gastón Von Mühlenbrock Zamora, Cristóbal Martínez Ramírez, Marlene Pérez Cartes, Natalia Romero Talguia, Renzo Trisotti Martínez y Flor Weisse Novoa.
