El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó en una entrevista con Tolerancia Cero que Luis Hermosilla, abogado relacionado con el Caso Factop, ha sido reclasificado como imputado en lugar de testigo por decisión del Ministerio Público. Esta decisión se produce después de la formalización de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, así como de su exsocio Rodrigo Topelberg, quienes quedaron en prisión preventiva en relación con el mismo caso. La investigación se centra en presuntos delitos de estafa, lavado de activos, infracción a la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios. Valencia explicó que la reclasificación de Hermosilla se basa en las imputaciones por lavado de activos derivadas de la formalización en el Caso Factop. Aunque aún no está claro si esto resultará en una formalización adicional, Valencia destacó el compromiso del Ministerio Público para avanzar rápidamente en la investigación, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios para ello.
En respuesta al reciente emplazamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó sus declaraciones sobre una presunta red de corrupción de cuello y corbata en el país. Estas afirmaciones surgieron tras la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Vallejo inicialmente señaló que la acción judicial había revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata , sugiriendo que esta red podría haberse organizado para obstruir investigaciones relacionadas con corrupción llevadas a cabo por la Fiscalía. Además, indicó que dicha red no solo involucraría a Muñoz, sino también a antiguos funcionarios gubernamentales y líderes políticos de la oposición. Ante el desafío planteado por el fiscal nacional para que entregara antecedentes sobre esta red, Vallejo reiteró su posición en una entrevista con Radio Universo. Afirmó que, en caso de contar con nuevos antecedentes, los pondrían inmediatamente a disposición de la Fiscalía. La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, respaldó las declaraciones de Vallejo, señalando que la preocupación expresada por la ministra es compartida por todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó la importancia de investigar a fondo y sancionar cualquier delito que se descubra en relación con este caso. Sin embargo, las afirmaciones de Vallejo han generado controversia, especialmente entre legisladores de la oposición. Diputados de la bancada de la UDI calificaron sus declaraciones como absolutamente irresponsables y acusaron a Vallejo de aprovechar políticamente el caso en cuestión. Además, anunciaron que solicitarán su comparecencia ante la comisión investigadora que examina el Caso Audio. Por su parte, los diputados de la UDI también cuestionaron la postura de Vallejo, recordando otros casos de corrupción en los que, según ellos, estaría involucrado el Frente Amplio. Sin embargo, estas acusaciones fueron rebatidas por el excontralor Jorge Bermúdez, quien señaló que no se puede hablar de un modus operandi y que tales afirmaciones deben ser corroboradas por otras entidades.
La investigación sobre el secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda continúa sin nuevos detenidos, mientras se esclarecen detalles de la planificación y ejecución del crimen. Ayer, la única persona aprehendida en relación con el caso fue formalizada. Se trata de un adolescente de 17 años de nacionalidad venezolana, quien se encuentra irregular en el país. El joven quedó bajo internación provisoria, enfrentando acusaciones de prestar labores de cobertura y vigilancia en el lamentable suceso. La Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), informó que hay otros dos individuos identificados, vinculados a una presunta célula del Tren de Aragua, que aún se encuentran prófugos y no han sido detenidos hasta el momento. Según revelaciones de El Mercurio, al menos siete personas podrían estar involucradas en este crimen, algunas de ellas ya investigadas por otros secuestros y delitos violentos. Se destaca que no todas participaron directamente en el secuestro, sino que desempeñaron distintos roles en el plan. De acuerdo con un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), citado por el medio, cámaras de seguridad del edificio donde residía Ojeda en Independencia fueron clave para establecer el uso de información privilegiada en la ejecución del secuestro. Se identificó a sujetos que estudiaron el lugar y realizaron recorridos sin motivo aparente el 12 de febrero pasado. Además, se destacó que desde un teléfono se levantó parte de una huella digital de un individuo vinculado a otras investigaciones por secuestro y robo con intimidación, quien posee tres órdenes de detención. En paralelo, el Fiscal Nacional Ángel Valencia advirtió que no se debe descartar un móvil político en este caso. En una entrevista con Infinita, mencionó: Hoy estamos en un punto donde la cantidad de hipótesis se van reduciendo. Tenemos que investigar la hipótesis de que la justificación sea política, en razón con su calidad de disidente. Aspirábamos a encontrar a alguien vivo; hoy sabemos que la víctima falleció días después de haber sido secuestrada. Tenemos que saber por qué termina siendo asesinada.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó en una entrevista con Tolerancia Cero que Luis Hermosilla, abogado relacionado con el Caso Factop, ha sido reclasificado como imputado en lugar de testigo por decisión del Ministerio Público. Esta decisión se produce después de la formalización de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, así como de su exsocio Rodrigo Topelberg, quienes quedaron en prisión preventiva en relación con el mismo caso. La investigación se centra en presuntos delitos de estafa, lavado de activos, infracción a la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios. Valencia explicó que la reclasificación de Hermosilla se basa en las imputaciones por lavado de activos derivadas de la formalización en el Caso Factop. Aunque aún no está claro si esto resultará en una formalización adicional, Valencia destacó el compromiso del Ministerio Público para avanzar rápidamente en la investigación, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios para ello.
En respuesta al reciente emplazamiento del fiscal nacional, Ángel Valencia, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó sus declaraciones sobre una presunta red de corrupción de cuello y corbata en el país. Estas afirmaciones surgieron tras la formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Vallejo inicialmente señaló que la acción judicial había revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata , sugiriendo que esta red podría haberse organizado para obstruir investigaciones relacionadas con corrupción llevadas a cabo por la Fiscalía. Además, indicó que dicha red no solo involucraría a Muñoz, sino también a antiguos funcionarios gubernamentales y líderes políticos de la oposición. Ante el desafío planteado por el fiscal nacional para que entregara antecedentes sobre esta red, Vallejo reiteró su posición en una entrevista con Radio Universo. Afirmó que, en caso de contar con nuevos antecedentes, los pondrían inmediatamente a disposición de la Fiscalía. La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, respaldó las declaraciones de Vallejo, señalando que la preocupación expresada por la ministra es compartida por todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó la importancia de investigar a fondo y sancionar cualquier delito que se descubra en relación con este caso. Sin embargo, las afirmaciones de Vallejo han generado controversia, especialmente entre legisladores de la oposición. Diputados de la bancada de la UDI calificaron sus declaraciones como absolutamente irresponsables y acusaron a Vallejo de aprovechar políticamente el caso en cuestión. Además, anunciaron que solicitarán su comparecencia ante la comisión investigadora que examina el Caso Audio. Por su parte, los diputados de la UDI también cuestionaron la postura de Vallejo, recordando otros casos de corrupción en los que, según ellos, estaría involucrado el Frente Amplio. Sin embargo, estas acusaciones fueron rebatidas por el excontralor Jorge Bermúdez, quien señaló que no se puede hablar de un modus operandi y que tales afirmaciones deben ser corroboradas por otras entidades.
La investigación sobre el secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda continúa sin nuevos detenidos, mientras se esclarecen detalles de la planificación y ejecución del crimen. Ayer, la única persona aprehendida en relación con el caso fue formalizada. Se trata de un adolescente de 17 años de nacionalidad venezolana, quien se encuentra irregular en el país. El joven quedó bajo internación provisoria, enfrentando acusaciones de prestar labores de cobertura y vigilancia en el lamentable suceso. La Fiscalía de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), informó que hay otros dos individuos identificados, vinculados a una presunta célula del Tren de Aragua, que aún se encuentran prófugos y no han sido detenidos hasta el momento. Según revelaciones de El Mercurio, al menos siete personas podrían estar involucradas en este crimen, algunas de ellas ya investigadas por otros secuestros y delitos violentos. Se destaca que no todas participaron directamente en el secuestro, sino que desempeñaron distintos roles en el plan. De acuerdo con un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), citado por el medio, cámaras de seguridad del edificio donde residía Ojeda en Independencia fueron clave para establecer el uso de información privilegiada en la ejecución del secuestro. Se identificó a sujetos que estudiaron el lugar y realizaron recorridos sin motivo aparente el 12 de febrero pasado. Además, se destacó que desde un teléfono se levantó parte de una huella digital de un individuo vinculado a otras investigaciones por secuestro y robo con intimidación, quien posee tres órdenes de detención. En paralelo, el Fiscal Nacional Ángel Valencia advirtió que no se debe descartar un móvil político en este caso. En una entrevista con Infinita, mencionó: Hoy estamos en un punto donde la cantidad de hipótesis se van reduciendo. Tenemos que investigar la hipótesis de que la justificación sea política, en razón con su calidad de disidente. Aspirábamos a encontrar a alguien vivo; hoy sabemos que la víctima falleció días después de haber sido secuestrada. Tenemos que saber por qué termina siendo asesinada.
