Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) reconoció en un comunicado que contaba con información previa sobre el robo de más de $12 mil millones ocurrido el 16 de agosto en la sucursal Brinks de Rancagua, en la Región de O'Higgins. Según el comunicado, durante labores de campo, un oficial recibió datos sobre un posible asalto que podría afectar a una empresa de valores en la zona. Sin embargo, el robo se llevó a cabo antes de que se pudiera verificar la información. La PDI reiteró su compromiso con los principios y valores que guían a su personal, asegurando que se aplicarán las sanciones más severas en caso de confirmarse alguna falta en la gestión de la información. Además, la institución informó que ya ha entregado al Ministerio Público todos los antecedentes recopilados para apoyar la investigación en curso. Este mismo día, se realizó la audiencia de formalización de los 18 detenidos por el asalto a la sucursal Brinks. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, quienes enfrentan cargos por robo con intimidación en calidad de autores y en grado consumado, asociación criminal, porte ilegal de armas prohibidas, siete delitos de incendio, porte de elementos incendiarios y 19 delitos de receptación.
El Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la Región de O’Higgins que finaliza hoy jueves, abordó la controvertida propuesta impulsada por sectores de la derecha para restablecer los tribunales militares en el país. Esta propuesta fue incluida en el tramo final de la votación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) durante su tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La iniciativa, promovida por diputados de diversos partidos, tenía como objetivo devolver a los tribunales marciales la competencia para juzgar casos en los que militares o efectivos policiales estuvieran siendo procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, incluyendo situaciones como estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica y resguardo del orden público durante eventos electorales. Sin embargo, la propuesta fue declarada inadmisible durante la votación en Sala. Ante esta situación, el Presidente Boric enfatizó en una entrevista con Radio Rancagua esta mañana que durante su gobierno no se restablecerán los tribunales militares. Argumentó que la justicia militar es propia de tiempos de guerra y casos específicos, reiterando que los asuntos de competencia civil deben mantenerse en manos de los tribunales civiles. Boric subrayó la importancia de establecer reglas claras en el uso de la fuerza por parte de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como las policías y, en situaciones excepcionales, las Fuerzas Armadas. Asimismo, ratificó su compromiso de no permitir que los tribunales militares revisen casos que corresponden a la competencia de los tribunales civiles durante su gobierno.
Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) reconoció en un comunicado que contaba con información previa sobre el robo de más de $12 mil millones ocurrido el 16 de agosto en la sucursal Brinks de Rancagua, en la Región de O'Higgins. Según el comunicado, durante labores de campo, un oficial recibió datos sobre un posible asalto que podría afectar a una empresa de valores en la zona. Sin embargo, el robo se llevó a cabo antes de que se pudiera verificar la información. La PDI reiteró su compromiso con los principios y valores que guían a su personal, asegurando que se aplicarán las sanciones más severas en caso de confirmarse alguna falta en la gestión de la información. Además, la institución informó que ya ha entregado al Ministerio Público todos los antecedentes recopilados para apoyar la investigación en curso. Este mismo día, se realizó la audiencia de formalización de los 18 detenidos por el asalto a la sucursal Brinks. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los imputados, quienes enfrentan cargos por robo con intimidación en calidad de autores y en grado consumado, asociación criminal, porte ilegal de armas prohibidas, siete delitos de incendio, porte de elementos incendiarios y 19 delitos de receptación.
El Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la Región de O’Higgins que finaliza hoy jueves, abordó la controvertida propuesta impulsada por sectores de la derecha para restablecer los tribunales militares en el país. Esta propuesta fue incluida en el tramo final de la votación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) durante su tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La iniciativa, promovida por diputados de diversos partidos, tenía como objetivo devolver a los tribunales marciales la competencia para juzgar casos en los que militares o efectivos policiales estuvieran siendo procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, incluyendo situaciones como estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica y resguardo del orden público durante eventos electorales. Sin embargo, la propuesta fue declarada inadmisible durante la votación en Sala. Ante esta situación, el Presidente Boric enfatizó en una entrevista con Radio Rancagua esta mañana que durante su gobierno no se restablecerán los tribunales militares. Argumentó que la justicia militar es propia de tiempos de guerra y casos específicos, reiterando que los asuntos de competencia civil deben mantenerse en manos de los tribunales civiles. Boric subrayó la importancia de establecer reglas claras en el uso de la fuerza por parte de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como las policías y, en situaciones excepcionales, las Fuerzas Armadas. Asimismo, ratificó su compromiso de no permitir que los tribunales militares revisen casos que corresponden a la competencia de los tribunales civiles durante su gobierno.
