La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este lunes una medida trascendental en la lucha contra la evasión fiscal y posibles delitos tributarios. En el marco de la tramitación del pacto fiscal propuesto por el Gobierno, se dio luz verde al levantamiento del secreto bancario mediante un mecanismo especial. La aprobación de esta iniciativa implica la apertura de cuentas bancarias sospechosas de ser utilizadas para cometer delitos tributarios y evadir impuestos. Para alcanzar un consenso, la oposición logró incluir una indicación que garantiza la reserva de la información obtenida, asegurando la confidencialidad de los datos manejados por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Uno de los aspectos destacados de esta medida es la creación de un sistema simplificado, donde el SII tendrá la potestad de declarar la posible existencia de delitos tributarios y solicitar a los tribunales la revisión de las cuentas bancarias pertinentes. En cuanto a la divulgación de la información recopilada, se estableció que será bajo reserva absoluta. Además, se estableció un plazo de 30 días para la destrucción de los antecedentes en caso de que se compruebe la inocencia de la persona investigada. Sin embargo, la aprobación de esta medida no estuvo exenta de críticas. Tanto la diputada Gael Yeomans, presidenta de la Comisión de Hacienda, como el diputado Carlos Bianchi, expresaron su preocupación por lo que consideraron una cesión excesiva del Gobierno ante las demandas de la oposición. Según sus declaraciones, el objetivo principal del Gobierno sería mostrar un logro político más que impulsar una medida efectiva en la lucha contra la evasión fiscal.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este lunes una medida trascendental en la lucha contra la evasión fiscal y posibles delitos tributarios. En el marco de la tramitación del pacto fiscal propuesto por el Gobierno, se dio luz verde al levantamiento del secreto bancario mediante un mecanismo especial. La aprobación de esta iniciativa implica la apertura de cuentas bancarias sospechosas de ser utilizadas para cometer delitos tributarios y evadir impuestos. Para alcanzar un consenso, la oposición logró incluir una indicación que garantiza la reserva de la información obtenida, asegurando la confidencialidad de los datos manejados por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Uno de los aspectos destacados de esta medida es la creación de un sistema simplificado, donde el SII tendrá la potestad de declarar la posible existencia de delitos tributarios y solicitar a los tribunales la revisión de las cuentas bancarias pertinentes. En cuanto a la divulgación de la información recopilada, se estableció que será bajo reserva absoluta. Además, se estableció un plazo de 30 días para la destrucción de los antecedentes en caso de que se compruebe la inocencia de la persona investigada. Sin embargo, la aprobación de esta medida no estuvo exenta de críticas. Tanto la diputada Gael Yeomans, presidenta de la Comisión de Hacienda, como el diputado Carlos Bianchi, expresaron su preocupación por lo que consideraron una cesión excesiva del Gobierno ante las demandas de la oposición. Según sus declaraciones, el objetivo principal del Gobierno sería mostrar un logro político más que impulsar una medida efectiva en la lucha contra la evasión fiscal.
